Dimayor reprograma tres partidos de Millonarios y Santa Fe por conciertos en el Campín

Una red prestadora de servicios de salud informó que ha enviado comunicaciones formales al Congreso de la República. El objetivo es que durante la discusión del presupuesto se cumpla la orden de la Corte Constitucional y se garanticen los recursos necesarios. Según la red, si no se aseguran esos fondos las EPS carecerán de recursos para contratar y pagar a los prestadores. Esto mantendría el colapso actual del sistema con un flujo de recursos interrumpido. La intervención también señaló la necesidad de revisar la estructura económica del modelo de red para resolver los problemas estructurales de financiamiento.

Expertos en el sector de la salud han señalado la necesidad de modificar el cálculo de la UPC para incluir factores de salud específicos. Actualmente ajustada por edad y geografía, se propone incorporar condiciones como la diabetes para asignar más recursos donde se requieran. Esta medida promovería la eficiencia y equidad, asegurando pagos adecuados a prestadores y medicamentos.

Un comentarista deportivo reflexiona sobre el auge de los conciertos frente al fútbol en Colombia. Señala que el entretenimiento ha captado más atención del público, mientras que el deporte rey pierde atractivo por la falta de calidad en el juego. Critica la dependencia de estadios administrados por alcaldías y gobiernos, recordando que solo Deportivo Cali posee el suyo propio. Menciona oportunidades perdidas en las décadas de 1970, 1980 y 1990 para construir instalaciones dedicadas, comparando con modelos como el de Milan e Inter.

El senador entrevistado defendió el borrador de decreto que el gobierno nacional está por firmar. Explicó que la medida otorgará mayores herramientas a alcaldes y fuerzas de seguridad para manejar de forma pacífica las agresiones o bloqueos durante las marchas. Señaló que actualmente no existe un reglamento que permita actuar contra quienes se infiltran en las protestas y generan violencia. El legislador consideró que el decreto es sano porque equilibra los derechos de quienes marchan y quienes no lo hacen, permitiendo el diálogo y la protesta social ordenada.