La Corte Constitucional estableció en su sentencia P236 de 2016-2017 una serie de requisitos para que cualquier gobierno pueda reactivar la aspersión aérea de herbicidas. Entre ellos destaca la necesidad de estudios técnicos externos y concluyentes que demuestren que el producto no genera daños a la salud ni al ambiente. Otros criterios incluyen capacidad institucional para administrar el programa, mecanismos para revisar decisiones ante nueva evidencia y participación ciudadana en los territorios afectados. El experto consultado señaló que el principio de precaución representa el mayor desafío para cumplir con la orden judicial.

Un oficial de migración identificado como Tomás analizó la orden presidencial dirigida a Migración Colombia para deportar delincuentes extranjeros. Según el funcionario, la medida tiene sentido desde la perspectiva de la soberanía nacional y el orden público, aunque las estadísticas de delitos reflejan principalmente el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Tomás aclaró que la mayoría de ciudadanos venezolanos en Colombia son personas trabajadoras que se integran a la sociedad, envían a sus hijos a colegios y cumplen con las normas constitucionales. Destacó que también hay delitos cometidos por personas de otras nacionalidades, pero en menor proporción debido al menor flujo migratorio.

Un secretario respondió a las críticas sobre la presencia de armas blancas en estadios durante una entrevista. Explicó que las medidas incluirán revisiones no solo a los asistentes sino también a las entradas de banderas que se realizan con antelación. La Policía Metropolitana de Bogotá participará en estos controles. Además, se solicitará al Ministerio del Deporte la implementación de un sistema de carnetización o procedimiento tecnológico para identificar a quienes ingresan. El objetivo es que quienes cometan faltas no puedan volver a entrar y que las agresiones no queden impunes.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jennifer Rosetta, acusó a la presidenta de la Asamblea General, Annalena Barco, de abuso de poder por solicitar que ningún aspirante a secretario general sea recomendado sin un diálogo abierto con la Asamblea. Colombia, que integrará el Consejo de Seguridad como miembro no permanente entre 2026 y 2027, deberá votar en la elección del nuevo secretario general y definir su posición ante el conflicto entre el Consejo y la Asamblea. El país enfrenta el reto de mantener o revertir acuerdos previos alcanzados durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Colombia presidía el Consejo y la entonces embajadora Leonor Salavata dialogó con Barco. Tanto Estados Unidos como Rusia expresaron su rechazo a las acciones de la presidenta de la Asamblea, que busca mayor participación de ese órgano en la designación del secretario general.