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Bruce McMaster alerta de costos electorales por peajes en Caldas
En el departamento de Caldas se mantiene un intenso debate sobre la posible terminación anticipada de una concesión vial que permitiría suspender temporalmente los peajes antes de las elecciones. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, remitió una carta a la ministra de Transporte y al jefe de la Agencia Nacional de Infraestructura en la que solicita la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Durante una entrevista en Caracol, McMaster señaló que la iniciativa parece responder a motivaciones electorales y advirtió que decisiones sin sustento jurídico podrían generar millonarios costos para el Estado colombiano una vez se resuelvan los litigios correspondientes.
Carlos Caicedo lidera años de diálogo político por la equidad en la Costa Caribe
Carlos Caicedo ha encabezado un proceso político de largo aliento en la Costa Caribe y el departamento del Magdalena. El diálogo mencionado abarca años de luchas compartidas tanto en la oposición como en el actual gobierno progresista. La experiencia acumulada en la administración local se valora como un activo para avanzar en un programa centrado en la equidad.
Veterano en Bucaramanga llama a defender bienes públicos ante vandalismo de primera línea
Un reservista de Bucaramanga protagonizó un tenso intercambio con una senadora al rechazar las acciones de la primera línea durante las protestas. Afirmó que los veteranos y ciudadanos están hartos de la destrucción de bienes públicos y privados en la ciudad. El exmilitar insistió en que actuarán dentro del marco de la Constitución para proteger el Estado y llamó a la población a unirse a esa defensa sin recurrir al vandalismo. La senadora le recordó que los veteranos tienen estatus civil y le pidió evitar cualquier llamado que incite a la violencia.
Colombia exige madurez democrática ante insinuaciones que benefician a la violencia
Las declaraciones enfatizan la necesidad de actuar con responsabilidad en el contexto democrático de Colombia. Se rechaza cualquier intento de afectar la democracia para beneficiar a la violencia y se niega la existencia de un estallido social. Aunque se reconoce que la vida del país continúa, se afirma el derecho de la gente a expresarse y protestar conforme a la constitución y la ley.