Gobernador ofrece hasta 45 millones de recompensa por responsables del incendio

Un relevo inesperado sacudió la Dirección Nacional de Inteligencia la semana pasada. El nuevo director, el general Jorge Andrés Zuluaga, solicitó la renuncia de un equipo de seis funcionarios que había elaborado un primer diagnóstico de irregularidades en la entidad. Entre los destituidos se encontraba el coronel Eduardo Cruz, especialista en contrainteligencia, quien posteriormente fue llamado por el presidente para reincorporarse a la Policía Nacional, posiblemente en la DIPOL. Fuentes cercanas al caso indican que de los 180 funcionarios evaluados en áreas de inteligencia y administrativas, 34 serían removidos por supuesta infiltración. El episodio se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para colocar personal de confianza en entidades estratégicas, similar a lo ocurrido en Ecopetrol.

La Fuerza Aérea Colombiana finalizó la extracción de los cinco cuerpos de la aeronave Cessna T-206 que se accidentó el 13 de septiembre en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Natural Tatamá. Comandos especializados fueron insertados mediante un helicóptero UH-60 y luego avanzaron por tierra hasta el punto del siniestro ubicado a 9200 pies de altura con fuertes pendientes y lluvias que complicaron las maniobras. Durante la emergencia se ejecutaron 15 misiones aéreas con diferentes aeronaves para apoyar las labores de búsqueda y recuperación de los restos.

Un exfuncionario de cumplimiento de Ecopetrol rechazó la narrativa según la cual la junta directiva anterior actuó como defensora de la moral al exponer irregularidades. El exoficial detalló que informó a los directivos en cinco fechas concretas entre octubre de 2024 y mayo de 2025 sobre el avance de trabajos con la firma Covington y sobre catorce actos de acoso y hostigamiento. Según su testimonio, la junta hizo caso omiso y él quedó aislado en su lucha contra la corrupción que involucraba también a otros vicepresidentes. Finalmente fue separado del cargo tras un informe de auditoría que considera ilegal y que contó con el respaldo de exdirectivos y miembros del sindicato.

Un grupo de periodistas con décadas de experiencia en Pereira ha denunciado amenazas contra su colega Ángela y ha firmado una carta colectiva para rechazar la intimidación. Los firmantes, miembros del Club de Prensa de Pereira, aseguran que nunca antes se había registrado en la ciudad este tipo de matoneo telefónico y en redes sociales contra comunicadores. Destacan que el ataque a Ángela representa un riesgo para toda la prensa local y exigen que se respete la libertad de expresión aunque las opiniones no sean compartidas.