El gobernador del Quindío dirigió un mensaje de apoyo al nuevo gobierno nacional durante un acto transmitido por Caracol Radio. Destacó que a diferencia de administraciones anteriores, el actual Ejecutivo está dispuesto a escuchar las necesidades de las regiones. El mandatario señaló que la seguridad y la reactivación económica son los principales retos y aseguró que los proyectos estratégicos de su departamento ya se encuentran en fase tres. Expresó confianza en que el trabajo conjunto con el presidente y la vicepresidenta permitirá recuperar la esperanza y la confianza de los quindianos y de todos los colombianos.

El video analiza la dependencia silenciosa de la sociedad colombiana respecto a la energía eléctrica. Cuando falla, se desorganiza de inmediato la rutina en alimentación, salud, trabajo y seguridad. La demanda energética podría crecer 16,9% entre 2025 y 2029 por mayor digitalización y electrificación. Esto revive el debate sobre un posible apagón similar al de 1992. La serie de siete episodios explorará fortalezas, tensiones y riesgos del sistema.

Representantes de varias regiones del país se dirigieron al presidente para resaltar los gestos a favor de la descentralización. Sin embargo, enfatizaron que estos deben traducirse en acciones concretas como la transferencia de competencias y recursos a las entidades territoriales. El orador señaló que la voluntad política es el primer requisito y que debe ir acompañada de la ejecución por parte del alto gobierno. Destacó la necesidad de adelgazar el Estado centralista y de aprobar una ley de competencias con visión regional. Se mencionaron avances en procesos como el paso de la RAP a la región en el Caribe y se pidió que las decisiones consideren las particularidades de zonas como la Orinoquía y la Amazonía.

Angie Rodríguez fue declarada insusistente por el presidente Gustavo Petro pese a contar con estabilidad laboral reforzada por incapacidad médica hasta el 12 de agosto. La afectada informó oportunamente su condición al Fondo de Adaptación, a la ARL y a la EPS. Ante esta decisión se presentará una acción de tutela contra el mandatario y las autoridades responsables, solicitando suspensión provisional por la presunta vulneración de derechos fundamentales.