La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios aún por determinar de varias entidades del Estado. Entre las dependencias mencionadas figuran el Congreso de la República, la Dirección General Administrativa, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud.
La medida busca esclarecer presuntas irregularidades administrativas, extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en la suscripción de contratos de órdenes de prestación de servicios. Todo ello se deriva del testimonio de Daisy Jiménez en una entrevista con la revista Semana, donde mencionó supuestos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales relacionados con el expresidente Gustavo Petro.
Además de la Procuraduría, la Fiscalía ya había abierto una investigación por los mismos hechos el pasado 23 de octubre. Las autoridades solicitan ahora certificaciones sobre cualquier vínculo laboral de Daisy Jiménez con las entidades desde el año 2019, incluyendo copias de contratos y hojas de vida.