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Un analista político calificó a Gustavo Petro como un pirómano en el poder por su capacidad de dividir al país entre bandos morales opuestos. El comentarista recordó que Juan Manuel Santos empleó un lenguaje similar durante las negociaciones de paz, aunque con el fin de lograr acuerdos. También se refirió a Álvaro Uribe, señalando que durante sus ocho años de gobierno surgió el uribismo y el antiuribismo, lo que para algunos sectores lo convirtió en un polarizador. Respecto a Iván Duque, el analista defendió su institucionalidad pese a las protestas sociales que marcaron su mandato. El análisis concluye que los mecanismos de polarización pueden ser adoptados por cualquier gobierno y que corresponde al público identificarlos en cada caso.

Un proyecto de ley y recortes en los presupuestos se presentan como respuesta al debate sobre la verdad en el conflicto armado colombiano. Sectores cercanos a las negociaciones de La Habana argumentan que demasiada verdad puede dañar la institucionalidad, especialmente en casos que involucran a militares. La JEP, según la norma, tiene plazo hasta 2033 con posible prórroga, pero existe presión para cerrarla antes debido a los procesos pendientes contra altos mandos militares. Las investigaciones han seguido un orden inverso entre las FARC y las Fuerzas Armadas, lo que genera cuestionamientos sobre el alcance real de la justicia transicional.

El secretario de Norte de Santander reiteró la necesidad de obtener control operacional para enfrentar el conflicto armado que afecta al Catatumbo desde hace 22 meses. Aunque se han incrementado las fuerzas militares y se han realizado operaciones, las autoridades locales advierten que los grupos armados mantienen el control en varias zonas y generan retaliaciones contra la comunidad. La situación se complica por la frontera con Venezuela, descrita como porosa, desde donde provendrían algunos ataques según reportes recibidos tras incidentes recientes. En la zona de Tibú, donde opera Ecopetrol, persisten problemas sociales vinculados a más de 50 mil hectáreas de cultivos de coca que alimentan la presencia de estos grupos.

El pronunciamiento enfatiza que la Jurisdicción Especial para la Paz debe someterse a rendición de cuentas como cualquier otra entidad del Estado colombiano. Sin embargo, se advierte que el déficit de justicia no se reduce a este mecanismo transicional y afecta también a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia penal ordinaria. Se recuerda que la JEP surgió precisamente porque el Estado nunca logró capturar a los máximos líderes de las FARC. Por ello, se pide evitar que este tribunal se convierta en el único responsable de los problemas de implementación del acuerdo de paz.

El análisis presentado cuestiona la tendencia de los últimos gobiernos colombianos a revivir episodios del conflicto armado en lugar de enfocarse en el presente. Se menciona cómo el expresidente Duque priorizó debilitar el acuerdo de paz y la JEP, lo que derivó en el fortalecimiento de grupos armados. Petro es criticado por rescatar símbolos del M-19 y otorgar beneficios a exparamilitares. El texto concluye instando al presidente actual a priorizar su agenda legislativa y evitar revivir divisiones pasadas.