ELN ingresa 500 hombres por la frontera y desata crisis humanitaria en el Catatumbo

La Cámara de Representantes certificó que el trámite de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro cumple con lo ordenado por la Corte Constitucional. La plenaria negó las diez proposiciones que el tribunal había señalado para nuevo debate, eliminando la necesidad de conciliación con el texto aprobado en el Senado. El secretario de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, emitió la certificación correspondiente. Ahora corresponde al presidente Nicolás Barguil informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la orden y remitir las actas para que la Sala Plena tome la decisión final sobre el proyecto.

El Congreso ha expresado su preocupación por la falta de información sobre los recursos destinados a las víctimas del terremoto. Los legisladores preguntaron por el estado del patrimonio autónomo, la composición de su equipo y los contratos ya firmados con recursos públicos y donaciones. Aunque el gobierno ha comparecido en comisiones anteriores, los congresistas insisten en que se requiere mayor claridad y rapidez en las respuestas. Destacaron que el país y especialmente los afectados necesitan saber cómo se manejarán estos fondos. La agenda legislativa ha complicado la realización de algunas sesiones, pero el llamado principal es a avanzar en la resolución de estas inquietudes para garantizar la transparencia.

Manuel, vecino de Urda, se desplazó de inmediato al punto donde dos trenes habían colisionado a solo ocho kilómetros de su localidad. Al llegar minutos después del siniestro encontró una escena de gran tragedia con numerosos heridos y comenzó a asistir a los servicios de emergencia que ya estaban en el lugar. El testigo relató cómo ayudó a trasladar víctimas al pueblo y cómo le impactó ver cómo comprobaban si los heridos seguían con vida. Horas después del accidente los equipos de rescate continuaban trabajando y cubrían algunos vagones con lonas para preservar la intimidad de las operaciones.

Un entrevistado en Cúcuta denunció las históricas alianzas entre políticos locales y estructuras del narcotráfico. Estas relaciones se remontan a la alcaldía de Ramiro Suárez en 2003, cuando se vinculó con las Autodefensas Unidas de Colombia. Según el relato, narcotraficantes financian regularmente campañas a alcaldías, gobernaciones y el Congreso de la República. Sectores de la Policía Metropolitana también aparecen en nóminas de bandas criminales. El impacto del Catatumbo, con sus cultivos de coca y grupos armados, se siente directamente en las calles de Cúcuta. Figuras como el faraón controlan hoy negocios de contrabando, narcotráfico y actividades legales como casinos.