Pescadores de San Andrés denuncian impacto del fallo de La Haya en su trabajo

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Manuela Álvarez es una diseñadora de modas bogotana que fundó su marca en 2013. Su trabajo ha beneficiado a más de 850 familias en más de ocho regiones de Colombia mediante el uso de más de 20 técnicas artesanales tradicionales y ancestrales. La emprendedora se convirtió en una de las siete latinoamericanas semifinalistas del LVMH Prize gracias a su modelo de negocio consciente con impacto cultural y social. Entre sus logros destacan haber vestido a la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol y ser la primera colombiana en crear una colección hecha a mano para Adidas. Además, ha colaborado con la ONU y una de sus piezas integra la colección permanente del Victoria & Albert Museum de Londres. Su labor le valió ser reconocida como una de los 100 nuevos líderes de Colombia por Caracol Radio en alianza con Da Vivienda y Seguros Bolívar.

Un jurista colombiano ha criticado públicamente la práctica de los medios de equiparar al abogado con su cliente. Según el profesional, esta costumbre es poco común en el mundo y contrasta con lo que ocurre en Estados Unidos, donde los abogados pueden defender a personas controvertidas sin ser cuestionados. El ejemplo citado involucra a un cardiólogo militante del Centro Democrático que atendió a Timoshenko durante un infarto en una ciudad distinta a Bogotá. Nadie sugirió entonces que el médico debiera dejar morir al paciente por sus afinidades políticas. El jurista enfatiza que defender a un cliente forma parte del ejercicio de una profesión liberal y no implica compartir sus actos ni merecer juicios por ellos.

El mensaje detalla los pasos a seguir cuando agentes de ICE se presentan en un lugar privado. Primero se debe verificar que la orden judicial incluya las palabras United States District Court y la firma de un juez. Si no existe esa orden, la persona puede negarse a abrir la puerta y declarar que no consiente la entrada. También se recuerda el derecho a permanecer en silencio y a preguntar si se es libre de marcharse en caso de un encuentro en la vía pública. Las autoridades locales, incluida la policía, no colaboran con la aplicación de leyes migratorias civiles. Finalmente, se invita a la comunidad a ejercer su derecho constitucional a protestar y se ofrecen líneas de ayuda como la de la Liga de Inmigración y el 311 para asistencia en español.