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Un columnista arremetió contra el presidente Gustavo Petro por la corrupción que, según él, permeó su gobierno. Afirmó que Petro es el responsable político de los hechos que involucran a las hermanas Guerrero y otras funcionarias cercanas. El texto señala que la Casa de Nariño se volvió un lugar oscuro durante los cuatro años de mandato y critica la defensa presidencial a personas cuestionadas por la Fiscalía. También menciona casos como el de Angie Rodríguez y Laura Sarabia. El columnista compara la situación con escándalos pasados y sostiene que no saber rodearse de gente honesta también constituye una forma de corrupción.

La jornada laboral en Colombia se redujo y ahora la máxima legal es de 42 horas semanales para el sector privado. Sin embargo, cinco categorías de trabajadores quedan excluidas de este beneficio. Entre ellas están los cargos de dirección, confianza o manejo, los empleados de medio tiempo, los menores con permiso laboral, los contratistas por prestación de servicios y los servidores públicos. La norma es obligatoria y prohíbe reducir salarios o prestaciones a quienes sí les aplica la reducción.

La revista Semana publicó este fin de semana una investigación basada en chats y grabaciones que involucran a Juliana Guerrero en presuntas actividades de lobby y tráfico de influencias dentro del gobierno nacional. Según el informe, Guerrero y su hermana Verónica facilitaban reuniones y gestiones ante funcionarios para destrabar contratos y asignar presupuestos a cambio de pagos, lo que podría configurar un delito. Los chats mencionan influencia en ministerios como Ambiente, Vivienda, Igualdad y el Fondo Colombia en Paz. Ante el escándalo, Juliana Guerrero renunció a su cargo como delegada del presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 5 capturaron en Suárez a Gerson Ali Tulande, alias Tulande, señalado de liderar la minería ilegal en el Parque Natural Los Farallones de Cali y ecosistemas del Cauca. El detenido figuraba en la lista de criminales más buscados por delitos ambientales y por él había una recompensa vigente de 100 millones de pesos. Labores de inteligencia lo vinculan con la Red de Apoyo Criminal a la Estructura Jaime Martínez, facción de las disidencias de las FARC. Las investigaciones determinaron que los fondos de la minería ilegal, extorsiones y control territorial financiaban operaciones del grupo armado. El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales por ecocidio, concierto para delinquir e invasión de área ecológica.