Audios revelan presiones internas y orden de Velásquez para sacar al general Rojas

Un político criticó la lentitud de las autoridades para levantar bloqueos en Transmilenio y afirmó que el derecho al bloqueo no existe. Propuso reducir los tiempos de diálogo a quince minutos antes de proceder con el desbloqueo para evitar el colapso de la movilidad en Bogotá. Durante el debate también se discutió el rol del ESMAD y se cuestionó su reemplazo por unidades de diálogo. El participante defendió que el ESMAD debe enfocarse en antidisturbios y que los protocolos actuales tardan demasiado en resolver protestas sin sentido.

Un político cuestionó el elevado costo de trasladar a todos los congresistas a una base militar para la posesión de Gustavo Petro. Afirmó que Petro tiene derecho a elegir el lugar, pero que la autorización corresponde al Senado y la Cámara, no al presidente electo. Propuso que cada congresista cubra su propio pasaje con recursos personales en lugar de usar fondos públicos del Congreso. Señaló que la reunión de compromisarios está embolatada y mencionó la pérdida de 162 votos en el proceso.

La familia de un migrante colombiano identificado como Joan reclama justicia tras su muerte durante una persecución de agentes de ICE en Maine. Según relataron sus parientes, el hombre llevaba tres años en el estado y había tramitado los permisos de trabajo requeridos. El caso se inscribe en una serie de incidentes que, según los panelistas, ya suman entre 12 y 20 muertes este año por interacciones con agentes de inmigración. La administración Trump investiga el suceso y lo califica de amenaza pública, aunque no detalla en qué consiste esa amenaza. Mientras tanto, el presidente ha pedido prudencia pero ha instruido a ICE a seguir adelante con las deportaciones. Los familiares de Joan, afectados emocionalmente, esperan la decisión sobre la repatriación del cuerpo.

Daniel Briseño cuestionó el rol de quienes se presentan como defensores del medio ambiente pero solo protestan contra proyectos mineros legales. Según su intervención, estos actores guardan silencio cuando grupos armados ilegales explotan territorios como Santurbán. El fraile Tobico planteó la interrogante sobre dos ambientalistas y Briseño respondió acuñando el término falsos ambientalistas. Destacó que la minería ilegal ya controla cerca de cien mil hectáreas en Colombia y contamina fuentes hídricas con mercurio. Briseño recordó que la falta de delimitación oportuna del páramo de Santurbán permitió que la actividad ilegal avanzara mientras se esperaba un acuerdo con las comunidades. Organismos de control han alertado sobre el riesgo de contaminación del agua que abastece a Bucaramanga.