Tolima enfrenta reactivación de incendios y afecta 50 mil hectáreas agropecuarias

La representante María del Mar Pizarro defendió el manejo presupuestal del gobierno de Gustavo Petro ante las acusaciones de ocultamiento de gastos. Señaló que la oposición retiró artículos clave para la transparencia, como el seguimiento mensual de la ejecución y los controles sobre fiducias y fondos. Según Pizarro, el nuevo presupuesto sube de 575 a 635 billones, aumenta la deuda y prioriza el gasto de funcionamiento por encima de la inversión.

Sara, vocera de la coalición de gobierno, defendió el nuevo presupuesto nacional al señalar que el presentado por la administración anterior ocultaba pasivos reales por 59,3 billones de pesos. Entre los rubros no incluidos figuraban 6,5 billones para pensiones, 2 billones para el sistema de salud y la subestimación del número de funcionarios públicos. El nuevo marco presupuestal también contempla entre 30 y 40 billones adicionales para atender la reconstrucción tras el terremoto declarado emergencia nacional. A pesar del incremento total, el gobierno anunció recortes de 17,5 billones en compras de bienes y servicios, inversión no prioritaria y otras líneas de gasto.

Una investigación realizada en Colombia con apoyo de la OMS y la Federación Internacional de Planificación Familiar muestra que ocho de cada diez hombres estarían dispuestos a usar anticonceptivos masculinos. El estudio se llevó a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras regiones, consultando principalmente a adultos con pareja. Los participantes expresaron mayor interés en métodos como parches y píldoras anticonceptivas. Las mujeres encuestadas también manifestaron apoyo para que los hombres asuman parte de la responsabilidad en la planificación familiar. Aunque el estudio incluyó más adultos que jóvenes, los resultados indican una apertura significativa hacia estos nuevos métodos que aún se encuentran en ensayos clínicos.

El campus de la Universidad del Catatumbo ya está construido pero no puede ponerse en funcionamiento porque el Congreso no aprobó el proyecto de ley que le daría existencia jurídica. La iniciativa surgió dentro de los pactos territoriales para llevar educación superior a una zona afectada por la violencia, donde menos del 2 % de los jóvenes entre 17 y 21 años acceden a estudios universitarios. Aunque el contrato se firmó en 2023 y el edificio cuenta con aulas y laboratorios, el proyecto fue archivado en junio tras solo tres debates. El gobierno anterior barajó entregar el campus en comodato a la Universidad Industrial de Santander, pero aún no hay propuesta formal ni decisión del Ministerio de Educación. Mientras tanto, más de 600 jóvenes observan el edificio terminado sin poder usarlo. En el mismo complejo, el Colegio Universidad de El Tarra también permanece cerrado ocho meses después de su inauguración por problemas burocráticos, a pesar de contar ya con energía eléctrica y acueducto.