Un mensaje rítmico circula en redes con la promesa de un nuevo mandato en Colombia. La letra insiste en que la corrupción llegará a su fin y que los ciudadanos respaldan el cambio. Se menciona el uso de tecnología como herramienta para transformar el país y se llama a despedir a quienes han permanecido en el poder durante años.
El análisis destaca que Gustavo Petro logró conectar con amplios sectores de la población colombiana al reconocer a quienes históricamente carecían de voz, como los desplazados por la pobreza y la violencia. Esa capacidad generó un fuerte vínculo emocional que explica el apoyo persistente entre la mitad de los oyentes y ciudadanos. Sin embargo, se advierte que la esperanza debe traducirse en hechos concretos. Para ello resulta indispensable generar confianza que reactive la economía, cree empleo productivo y mejore los ingresos, en lugar de depender únicamente de promesas como una constituyente o de deuda externa con altos intereses. Hoy persisten cifras preocupantes de pobreza que afectan especialmente a mujeres campesinas.
El presidente de la República afirmó que gestionó directamente la captura del señor Pitufo ante las autoridades de España y Portugal. Según sus declaraciones, el gobierno removió de la DIAN, la Polfa y la Policía Nacional a todas las personas vinculadas con el investigado. El mandatario negó que el gobierno sea corrupto y señaló que fue la prensa y él mismo quienes denunciaron al señor Pitufo. Explicó que la Fiscalía no ha entregado los cargos necesarios para su detención en el exterior y que el investigado lleva un año fuera de Colombia.
La Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía capturaron en Corozal, Sucre, a Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, señalado como cabecilla del Clan del Golfo. De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría dedicado más de 15 años a perfilar y captar integrantes de las Fuerzas Militares, policía, fiscalía y CTI ofreciéndoles dinero por información operacional y estratégica. Las autoridades indican que Pluma Blanca facilitó que el Clan del Golfo se anticipara a operaciones militares y de interdicción marítima, además de fortalecer corredores de narcotráfico y tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.
Un periodista muestra desde Mashuk, a las afueras de Tiro, los restos calcinados de la última clínica médica bombardeada por Israel en el Líbano. El centro sanitario atendía a vecinos y población desplazada hasta que dos misiles israelíes la destruyeron por completo tras una orden de evacuación nocturna que generó pánico pero evitó víctimas. El ataque forma parte de una campaña sostenida contra el sistema de salud libanés. Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo han muerto más de 110 trabajadores médicos, se han dañado casi 140 ambulancias y se han cerrado tres hospitales, mientras otras 16 instalaciones y 31 clínicas han sido afectadas. El Ministerio de Sanidad libanés ha condenado el bombardeo y lo ha calificado de violación flagrante del derecho internacional humanitario. Según el reportero, estos ataques buscan debilitar la resiliencia de las comunidades del sur del Líbano al eliminar a quienes prestan asistencia médica y periodística bajo los bombardeos.