Víctimas asumen rol clave en justicia por beneficios del Estado colombiano

Rebeca Grinspana expresó su conocimiento sobre Naciones Unidas y la necesidad de defenderla al tiempo que reformarla. José Manuel Salazar señaló la existencia de una independencia instrumentalizada liderada por Estados Unidos en el contexto de la competencia geopolítica actual. El experto recomendó que el sector privado trabaje más estrechamente con los gobiernos. Destacó que hoy hay 220 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe, a quienes consideró la semilla de esperanza de la región. Salazar también opinó que la ola internacional de la derecha iniciada con Trump en Estados Unidos terminará con él y con quienes mantienen un compromiso con esa figura.

El magistrado Danilo Rojas de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó la aplicación de recortes en los esquemas de seguridad destinados a víctimas, testigos y comparecientes. La medida también incluye una reducción del 85 por ciento en los contratos de prestación de servicios, lo que representa un ahorro cercano a los 85 mil millones de pesos. Rojas señaló que algunos funcionarios ya han renunciado a sus esquemas de protección y pidió al gobierno nacional asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas vinculadas al proceso.

Rafael Grossi afirmó que la única forma de derrotar a líderes como Netanyahu es a través de las urnas, ya que estos utilizan la guerra como herramienta para mantenerse en el poder. Borja Ochoa recordó que alrededor del 25% de las energías limpias actuales provienen de fuentes nucleares, en un contexto de reflexión europea sobre soberanía y control de datos. Andrés Velasco y Joseph Ogurian destacaron que la relación entre Europa y Latinoamérica se ha enfriado en la última década pese a ser natural por los lazos históricos y culturales. Latinoamérica cuenta con agua, minerales críticos y tierras raras que el mundo necesita, pero su crecimiento sigue limitado sin reformas en las esferas económica y política.

Un chat atribuido al presidente Gustavo Petro ha generado nuevas opiniones en el debate político colombiano. La magistrada Cielo Rusinque señaló que las denuncias graves deben manejarse con respeto al debido proceso y sin instrumentalización mediática. Por su parte, la representante Carol Borda consideró que el mensaje indica un posible favorecimiento contractual vinculado a conductas personales. Ambas invitadas coincidieron en que las autoridades deben evaluar las pruebas sin apresuramientos ni presiones políticas.

El experto considera que la anterior ley de paz total representó un error al mezclar temas de orden público con el crimen organizado y la insurgencia. El gobierno actual ha introducido un cambio significativo al reemplazar ese marco por una ley enfocada exclusivamente en el orden público. En lugar de autorizar negociaciones y diálogos indefinidos con grupos armados, la nueva propuesta se centra en el sometimiento, la renuncia a las armas y un proceso de reincorporación a la vida civil. Este enfoque elimina la posibilidad de múltiples negociaciones y prioriza un modelo más directo de desarme y reintegración.