Aeropuerto Matecaña operará de forma mixta en primer piso para reactivar vuelos

Representantes de Antioquia sostuvieron una reunión con el presidente de la República y el alcalde de Medellín para proponer la ampliación del mecanismo de obras por impuestos. La iniciativa, denominada REXI, busca elevar del 1% al 10% el porcentaje del recaudo anual de impuesto de renta que puede destinarse a proyectos de reconstrucción. Según la exposición, Antioquia ha ejecutado entre el 50% y 60% de los cupos autorizados en vigencias anteriores gracias a la estructuración previa de proyectos. La medida permitiría que privados financien obras de vivienda, equipamiento y vías en municipios afectados por desastres en regiones como Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca, descontando la inversión de su pago de renta.

El doctor Carrillo calificó como un panfleto político el documento presentado por Abelardo de la Espriella sobre la ejecución presupuestal de la UNGRD. Según Carrillo, la publicación busca desviar la atención de la falta de empalme entre gobiernos y de los primeros tropiezos de la administración Petro. Explicó que los 15,3 billones de pesos citados incluyen apropiaciones hasta abril que aún no podían ejecutarse y que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo funciona con presupuestos plurianuales y el principio de unidad de caja, por lo que las mediciones anuales convencionales resultan inaplicables.

El gobierno de Abelardo de la Espriella entregó un informe de 135 páginas que detalla 82 casos de presuntas conductas irregulares durante la administración de Gustavo Petro. Según el documento, la corrupción no se limita al robo de recursos, sino que incluye la presentación de información incompleta, la contratación abultada al final del mandato y la falta de rigor técnico en las decisiones. El abogado Juan Sebastián Perilla resumió en redes sociales las secciones más relevantes del llamado Libro de la verdad. Destacó la distorsión de datos públicos, la ausencia de gestión estratégica y la crisis fiscal generada por contratos millonarios sin justificación urgente. Las entidades competentes, como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, deberán ahora determinar si existen responsabilidades penales o fiscales en cada uno de los casos señalados.