Colombia creció 1.1% anual por persona en los últimos 10 años

Un analista político cuestionó duramente la decisión del gobierno de Gustavo Petro de enviar un emisario a dialogar con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Durante la intervención, se recordó que Petro había liderado una lucha frontal contra el paramilitarismo cuando era senador, pero ahora se le acusa de otorgar estatus político a criminales. El comentario destaca que la agenda pública colombiana parece estar marcada por testimonios de excombatientes de grupos como las AUC y las FARC, en lugar de voces de la sociedad civil. Se expresa preocupación porque este enfoque repite dinámicas de procesos de paz anteriores y genera tristeza por la falta de progreso institucional en el país. El interlocutor mencionado también apunta contra el político de la Espriella, ganador de elecciones, como objetivo de estos movimientos de opinión.

El discurso destaca que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de resolver problemas concretos de la ciudadanía como la seguridad, los ingresos y los servicios de educación y salud. Sin embargo, señala que muchos legisladores priorizan disputas culturales y venganzas personales por encima de la creación de normas útiles. El texto también critica las revisiones de redes sociales de funcionarios y advierte sobre el riesgo de generar divisiones innecesarias. En la parte final se menciona la situación de corredores en Bogotá y las tensiones con vecinos de Teusaquillo.

Un ciudadano estadounidense logró adoptar tres hermanos en Colombia a pesar de las dificultades del trámite y de una persecución originada por acusaciones falsas de abuso infantil. El hombre resistió la hostilidad en las calles y completó el proceso de adopción de los tres niños, que ahora residen con él en Texas. Durante la entrevista se mencionó que se firmaron acuerdos de indemnización por las acusaciones y se destacó la diferencia entre denuncias leves y graves como la violación de menores.

Exjefes paramilitares emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan cualquier intento de instrumentalizar políticamente el proceso de cierre de Ralito. El texto, conocido en primicia por Caracol Radio, señala que solo reconocen el documento firmado al final de la reunión de Valledupar y desmienten otras versiones que han circulado en medios. Los firmantes piden respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas. Además, solicitan al gobierno avanzar hacia un cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito con seguridad jurídica y reconocimiento de los compromisos cumplidos.