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Un exfuncionario de Ecopetrol ha denunciado públicamente que la vicepresidenta jurídica Cristina Toro está detrás de una denuncia penal y dos procesos disciplinarios en su contra. Según su testimonio la persecución se originó tras reportar actos de corrupción durante los últimos dos años. El exoficial de cumplimiento afirma haber sido el único en enfrentar irregularidades ante una administración respaldada por el gobierno y la junta directiva. Ha solicitado la intervención de organismos internacionales como la SEC el FBI y el Departamento de Justicia para revisar las omisiones de varios directivos de la empresa.

Un relevo inesperado sacudió la Dirección Nacional de Inteligencia la semana pasada. El nuevo director, el general Jorge Andrés Zuluaga, solicitó la renuncia de un equipo de seis funcionarios que había elaborado un primer diagnóstico de irregularidades en la entidad. Entre los destituidos se encontraba el coronel Eduardo Cruz, especialista en contrainteligencia, quien posteriormente fue llamado por el presidente para reincorporarse a la Policía Nacional, posiblemente en la DIPOL. Fuentes cercanas al caso indican que de los 180 funcionarios evaluados en áreas de inteligencia y administrativas, 34 serían removidos por supuesta infiltración. El episodio se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para colocar personal de confianza en entidades estratégicas, similar a lo ocurrido en Ecopetrol.

La Fuerza Aérea Colombiana finalizó la extracción de los cinco cuerpos de la aeronave Cessna T-206 que se accidentó el 13 de septiembre en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Natural Tatamá. Comandos especializados fueron insertados mediante un helicóptero UH-60 y luego avanzaron por tierra hasta el punto del siniestro ubicado a 9200 pies de altura con fuertes pendientes y lluvias que complicaron las maniobras. Durante la emergencia se ejecutaron 15 misiones aéreas con diferentes aeronaves para apoyar las labores de búsqueda y recuperación de los restos.

Un exfuncionario de cumplimiento de Ecopetrol rechazó la narrativa según la cual la junta directiva anterior actuó como defensora de la moral al exponer irregularidades. El exoficial detalló que informó a los directivos en cinco fechas concretas entre octubre de 2024 y mayo de 2025 sobre el avance de trabajos con la firma Covington y sobre catorce actos de acoso y hostigamiento. Según su testimonio, la junta hizo caso omiso y él quedó aislado en su lucha contra la corrupción que involucraba también a otros vicepresidentes. Finalmente fue separado del cargo tras un informe de auditoría que considera ilegal y que contó con el respaldo de exdirectivos y miembros del sindicato.