Villamizar denuncia que Angie Rodríguez exigió hablar mal de Uribe y Vargas Lleras

Un concejal de Cali respondió a cuestionamientos sobre un proceso de contratación para el cambio de luminarias en la ciudad. Afirmó que no existe interés en favorecer a ningún contratista en particular, incluyendo menciones a Turco Ilzaca, y que los requisitos de experiencia se aplican a uniones de empresas que pueden acreditar hasta cinco contratos en diez años. El funcionario recordó que la ley colombiana prohíbe vetar empresas sin una causal de inhabilidad clara y que el proceso se desarrolla con recursos públicos bajo estricta transparencia. Destacó la vigilancia preventiva de la Procuraduría y la Contraloría, así como la participación de la Universidad Distrital. Como medida adicional, anunció que se adelantará una auditoría forense para blindar aún más el procedimiento y garantizar su integridad.

Meta comenzó a desplegar una nueva función en WhatsApp que permite a cualquier persona unirse a llamadas y videollamadas sin tener cuenta ni la aplicación instalada. El anfitrión genera un enlace desde la pestaña de llamadas y lo comparte; el invitado lo abre en un navegador, escribe su nombre y solicita acceso. Los participantes externos entran primero a una sala de espera donde el anfitrión aprueba su ingreso, mientras se conserva el cifrado de extremo a extremo. La novedad se activa de forma progresiva y busca competir con aplicaciones como Zoom y Google Meet.

El análisis del video sostiene que la designación de gestores de paz responde a una estrategia política más que a un beneficio judicial real para los excombatientes. La mayoría de los jefes paramilitares ya se encontraban en libertad y desmovilizados desde hace tiempo, salvo excepciones como Jorge Cuarenta. El decreto T27 que formaliza estas figuras deja claro que no modifica ninguna situación penal pendiente. Por ello, se interpreta como una herramienta de instrumentalización dirigida a un objetivo puntual que no busca resolver los casos judiciales pendientes.

El análisis destaca que más de 30.000 desmovilizados de las autodefensas enfrentan un limbo jurídico prolongado. Los tribunales de justicia y paz no han resuelto los casos tras dos décadas de procesos abiertos. Se sugiere otorgar mayor capacidad a la fiscalía y designar jueces adicionales para cerrar los expedientes pendientes. Estas acciones no requerirían necesariamente un acto legislativo.

Un analista político cuestionó duramente la decisión del gobierno de Gustavo Petro de enviar un emisario a dialogar con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Durante la intervención, se recordó que Petro había liderado una lucha frontal contra el paramilitarismo cuando era senador, pero ahora se le acusa de otorgar estatus político a criminales. El comentario destaca que la agenda pública colombiana parece estar marcada por testimonios de excombatientes de grupos como las AUC y las FARC, en lugar de voces de la sociedad civil. Se expresa preocupación porque este enfoque repite dinámicas de procesos de paz anteriores y genera tristeza por la falta de progreso institucional en el país. El interlocutor mencionado también apunta contra el político de la Espriella, ganador de elecciones, como objetivo de estos movimientos de opinión.