#6AMW | Un intenso debate jurídico ha surgido en Colombia, enfrentando al Presidente de la República y a la Fiscalía, en relación con la suspensión de órdenes de capturas del Ejército Gaitánista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

El análisis destaca que Gustavo Petro logró conectar con amplios sectores de la población colombiana al reconocer a quienes históricamente carecían de voz, como los desplazados por la pobreza y la violencia. Esa capacidad generó un fuerte vínculo emocional que explica el apoyo persistente entre la mitad de los oyentes y ciudadanos. Sin embargo, se advierte que la esperanza debe traducirse en hechos concretos. Para ello resulta indispensable generar confianza que reactive la economía, cree empleo productivo y mejore los ingresos, en lugar de depender únicamente de promesas como una constituyente o de deuda externa con altos intereses. Hoy persisten cifras preocupantes de pobreza que afectan especialmente a mujeres campesinas.

El presidente de la República afirmó que gestionó directamente la captura del señor Pitufo ante las autoridades de España y Portugal. Según sus declaraciones, el gobierno removió de la DIAN, la Polfa y la Policía Nacional a todas las personas vinculadas con el investigado. El mandatario negó que el gobierno sea corrupto y señaló que fue la prensa y él mismo quienes denunciaron al señor Pitufo. Explicó que la Fiscalía no ha entregado los cargos necesarios para su detención en el exterior y que el investigado lleva un año fuera de Colombia.

La Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía capturaron en Corozal, Sucre, a Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, señalado como cabecilla del Clan del Golfo. De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría dedicado más de 15 años a perfilar y captar integrantes de las Fuerzas Militares, policía, fiscalía y CTI ofreciéndoles dinero por información operacional y estratégica. Las autoridades indican que Pluma Blanca facilitó que el Clan del Golfo se anticipara a operaciones militares y de interdicción marítima, además de fortalecer corredores de narcotráfico y tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.

Un periodista muestra desde Mashuk, a las afueras de Tiro, los restos calcinados de la última clínica médica bombardeada por Israel en el Líbano. El centro sanitario atendía a vecinos y población desplazada hasta que dos misiles israelíes la destruyeron por completo tras una orden de evacuación nocturna que generó pánico pero evitó víctimas. El ataque forma parte de una campaña sostenida contra el sistema de salud libanés. Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo han muerto más de 110 trabajadores médicos, se han dañado casi 140 ambulancias y se han cerrado tres hospitales, mientras otras 16 instalaciones y 31 clínicas han sido afectadas. El Ministerio de Sanidad libanés ha condenado el bombardeo y lo ha calificado de violación flagrante del derecho internacional humanitario. Según el reportero, estos ataques buscan debilitar la resiliencia de las comunidades del sur del Líbano al eliminar a quienes prestan asistencia médica y periodística bajo los bombardeos.

Juan Fernando Cristo ha sido designado nuevamente como ministro por el presidente Gustavo Petro. El comentario destaca que Cristo ya había ocupado ese cargo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se le reconoce como un buen funcionario y autor de la ley de víctimas. Se menciona que años atrás el propio Petro lo invitó a sumarse a su proyecto político, aunque en esa ocasión no aceptó. Pese a ello, se indica que Cristo votó por Petro en la segunda vuelta y que ahora existe una relación de confianza y amistad personal con el mandatario. El relato incluye un detalle personal sobre un cambio de opinión de Cristo la noche antes de anunciar su apoyo a Iván Cepeda. El análisis concluye que se necesitan más figuras equilibradas que defiendan las instituciones en el país.