La construcción del puente sobre el río Bogotá en Chía avanza tras nueve años de trámites y suspensiones judiciales. La obra busca reducir el tráfico pesado que circula por la avenida Praella y descongestionar el corredor vial entre el occidente y el norte de Cundinamarca. El proyecto enfrentó una acción popular que alegaba la protección de un ecosistema cercano al meandro del río. El tribunal ordenó caracterizar el área y finalmente el ANLA modificó la licencia ambiental permitiendo el ajuste del trazado unos metros hacia el sur. Aunque la obra ya contaba con licencia al iniciarse, las medidas cautelares paralizaron los trabajos durante años. Las autoridades locales destacan que el cambio de ruta resuelve los cuestionamientos ambientales y permite retomar la ejecución.

La lideresa afro Ángela Huanga denunció que el representante Wiesner Sandoval ocupa una curul destinada a comunidades afro sin haber alcanzado los votos requeridos. El Consejo de Estado emitió un auto provisional que ordena suspenderlo para que ella asuma el escaño. Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara de Representantes no ha notificado ni ejecutado la decisión, por lo que Sandoval continúa asistiendo y votando en las sesiones. El conflicto persiste mientras el Congreso debate proyectos como la ley de rescate fiscal.

Dos exministros colombianos analizaron la posibilidad de vender Ecopetrol como medida para enfrentar el grave déficit fiscal que enfrenta el país. El exministro Cárdenas señaló que la empresa vale actualmente 31 mil millones de dólares y podría alcanzar los 40 mil si mejora su producción y reservas, por lo que recomendó esperar antes de tomar una decisión. Por su parte, el exministro Gamacho rechazó la propuesta al considerarla inconveniente, ya que Ecopetrol representa un activo estratégico que ha generado casi 180 billones de pesos en ingresos en el último cuatrienio y es fundamental para la transición energética y la seguridad nacional de Colombia.

Un sector de la oposición colombiana ha cuestionado duramente la estrategia de paz del gobierno de Gustavo Petro. Según el discurso analizado, el expresidente habría buscado el apoyo electoral de reclusos y otorgado beneficios a organizaciones criminales. El crítico compara los resultados de negociaciones pasadas, como la del M-19, con los procesos actuales que involucran al ELN y las disidencias de las FARC. Señala que estos últimos grupos se han convertido en organizaciones puramente delictivas. Además, se menciona el supuesto involucramiento de la Casa de Nariño en la campaña electoral mediante órdenes directas de la directora de administración presidencial, Angie Rodríguez, para atacar a expresidentes y exvicepresidentes.