Una figura política advirtió que cualquier apagón eléctrico en Colombia sería responsabilidad directa del gobierno de Gustavo Petro. Según sus declaraciones, los ministros recibieron información pública del operador del mercado sobre los riesgos pero no tomaron medidas. Los proyectos de generación en La Guajira no avanzaron y, en cambio, se produjo una persecución contra los generadores de energía.
La CREC junto con el Ministerio ha emitido una resolución que establece penalidades por superar ciertos límites de consumo eléctrico. Los departamentos afectados por el reciente terremoto quedan excluidos de forma temporal de estas medidas. El primer mes funcionará como un periodo de ensayo sin castigos ni beneficios para que los usuarios aprendan a leer su factura. A partir de entonces, los excesos se penalizarán según el estrato: un 30% adicional para los estratos 1 al 3, un 50% para los estratos 4 al 6 y cerca del 70% para el sector industrial. Colombia registra una demanda histórica de energía impulsada por el crecimiento económico, la electrificación urbana y la industrialización. Para cubrirla se requiere la entrada anual de capacidad equivalente a una ciudad como Bucaramanga, pero la inversión necesaria de entre 10 y 15 billones de pesos anuales aún no se materializa al ritmo requerido.
Imágenes obtenidas por Inteligencia Militar revelan la acción del ELN para terminar de destruir la estación de policía de Betoyes en la zona rural de Tame, Arauca. Una retroexcavadora amarilla ingresó a las instalaciones y derribó las paredes que aún quedaban en pie tras el ataque de julio, en el que murieron dos policías. Otros videos difundidos por el propio ELN muestran a varios de sus integrantes armados recorriendo las calles del centro poblado mientras la maquinaria completaba la demolición. Como respuesta, el ejército colombiano activó operaciones y estableció puestos de control en la zona.
El exministro Andrés Camacho defendió el balance energético del gobierno anterior al afirmar que se multiplicó por quince la capacidad de energía limpia y se realizaron tres subastas que desenredaron la infraestructura. La doctora Natalia, representante de empresas solares, reconoció el avance pero advirtió que la generación solar es intermitente y no cubre el pico de demanda entre las siete y las diez de la noche. Ambos coincidieron en la necesidad de combinar tecnologías y en la importancia de las medidas de ahorro que impulsa el actual gobierno para evitar un déficit mayor durante la temporada seca de enero a abril.
La secretaria de Vivienda de Pereira, doctora Carolina, informó sobre las labores realizadas por la administración municipal tras la tragedia que afectó a la ciudad. El equipo municipal atendió inicialmente a alrededor de mil personas en alojamientos temporales y puso en marcha el programa Techos Dignos para realizar mejoramientos en las comunas más impactadas como Boston, Universidad y el Centro. Se han efectuado mil quinientas visitas a viviendas afectadas con el apoyo de proveedores como Home Center. La funcionaria destacó la designación de Ana María Cuartas para coordinar los recursos nacionales y expresó la expectativa de recibir pronto subsidios de arrendamiento y mejoramiento para las 24 mil viviendas registradas de un total de 110 mil afectadas. Además se mencionó el trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico para reactivar el comercio local y los locales afectados en el centro de Pereira.
Carol Borda, representante ponente de la ley Laura, participó en el programa Dos Puntos para aclarar los objetivos del proyecto legislativo. La iniciativa prohíbe tres tipos de intervenciones en menores de edad: bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de cambio de sexo. Estos procedimientos quedarían vedados para personas menores de 18 años. Borda enfatizó que la norma no afecta a mayores de edad, quienes pueden continuar con sus procesos según su decisión personal. También se refirió al caso de Laura y las demandas contra clínicas por falta de consentimiento informado.