Solo el 5% de los drones en Colombia son usados por grupos ilegales

Dos exministros colombianos analizaron la posibilidad de vender Ecopetrol como medida para enfrentar el grave déficit fiscal que enfrenta el país. El exministro Cárdenas señaló que la empresa vale actualmente 31 mil millones de dólares y podría alcanzar los 40 mil si mejora su producción y reservas, por lo que recomendó esperar antes de tomar una decisión. Por su parte, el exministro Gamacho rechazó la propuesta al considerarla inconveniente, ya que Ecopetrol representa un activo estratégico que ha generado casi 180 billones de pesos en ingresos en el último cuatrienio y es fundamental para la transición energética y la seguridad nacional de Colombia.

Varios gremios empresariales han sugerido revisar la rebaja del impuesto de renta para personas jurídicas como alternativa a la aplicación de IVA en sectores sensibles. La discusión surgió durante reuniones donde se analizó la viabilidad de mantener la tasa actual del 35% en lugar de reducirla al 31%, a cambio de no gravar la canasta familiar, el sector agropecuario ni los tenderos. Los participantes coincidieron en que implementar el IVA en esos rubros resulta complejo por la estructura económica del país. Por ello, acordaron revisar las opciones para alcanzar un consenso.

Un analista político calificó a Gustavo Petro como un pirómano en el poder por su capacidad de dividir al país entre bandos morales opuestos. El comentarista recordó que Juan Manuel Santos empleó un lenguaje similar durante las negociaciones de paz, aunque con el fin de lograr acuerdos. También se refirió a Álvaro Uribe, señalando que durante sus ocho años de gobierno surgió el uribismo y el antiuribismo, lo que para algunos sectores lo convirtió en un polarizador. Respecto a Iván Duque, el analista defendió su institucionalidad pese a las protestas sociales que marcaron su mandato. El análisis concluye que los mecanismos de polarización pueden ser adoptados por cualquier gobierno y que corresponde al público identificarlos en cada caso.

Un proyecto de ley y recortes en los presupuestos se presentan como respuesta al debate sobre la verdad en el conflicto armado colombiano. Sectores cercanos a las negociaciones de La Habana argumentan que demasiada verdad puede dañar la institucionalidad, especialmente en casos que involucran a militares. La JEP, según la norma, tiene plazo hasta 2033 con posible prórroga, pero existe presión para cerrarla antes debido a los procesos pendientes contra altos mandos militares. Las investigaciones han seguido un orden inverso entre las FARC y las Fuerzas Armadas, lo que genera cuestionamientos sobre el alcance real de la justicia transicional.