Víctima pide renuncia de la fiscal general para elegir nuevo titular

El gobierno colombiano ha respondido con dureza a la convocatoria de un paro nacional. Según el mensaje oficial, los organizadores son los mismos responsables de haber dejado el país en situación crítica antes de la actual etapa de reconstrucción. La declaración acusa a estos grupos de buscar desestabilizar la administración mediante el caos y el engaño al pueblo con fines politiqueros. Se enfatiza que no se trata de luchadores por la libertad sino de instigadores de maldad. Ante cualquier intento de incendiar el país, el gobierno afirma que actuará con determinación para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.

Una testigo ha señalado públicamente a la madre de una ministra como parte de una red de proxenetismo que reclutaba mujeres jóvenes. Según su relato, esta persona no solo participaba en el reclutamiento sino que también estaría vinculada a amenazas recibidas por su familia. El testimonio menciona la participación de varias mujeres en la búsqueda de víctimas y apunta a conexiones con figuras de alto nivel político.

Las fuerzas de seguridad reportan avances significativos en la lucha contra el narcotráfico con la neutralización de 33 cabecillas de estructuras narcoterroristas. Entre los casos destacados se encuentran alias La Morocha, cabecilla política y financiera de la estructura Rodrigo Cadete, y alias Lobo, líder de la estructura 36. También se registró la baja de alias Max Max, principal explosivista, y otros mandos como alias Ruso y alias Bonito. El balance incluye la incautación de 125.182 kilogramos de cocaína, 60.101 de marihuana, 14.607 de pasta de coca y 1.092 de heroína. Además, se destruyeron o inhabilitaron 679 infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas.

El presidente de Colombia expresó una postura firme acerca de la protesta social y los bloqueos que han afectado el país durante años. Señaló que mientras se protegerán los derechos de quienes protesten pacíficamente, se acabará la tolerancia hacia quienes destruyan o hagan terrorismo urbano durante esas manifestaciones. Resaltó que bloqueos prolongados que interrumpen la comida, la medicina y el trabajo no constituyen un derecho sino una irresponsabilidad. Asimismo, afirmó que su gobierno no permitirá más bloqueos permanentes de carreteras ni que vías como TransMilenio se conviertan en escenarios de violencia. Indicó que acciones como agredir personas, lanzar objetos para herir, retener personas o usar menores en protestas serán consideradas delitos y castigadas para evitar que se repitan crisis de orden público. Como parte de las medidas, el presidente anunció que presentará al Congreso un proyecto de estatuto antiterrorista. Esta ley contempla la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes, la suspensión de contratos con el Estado y penas severas contra el uso de drones para atacar a la fuerza pública y a la ciudadanía. El mandatario hizo un llamado a privilegiar el diálogo y garantizar el derecho a la protesta pacífica dentro del marco legal.