Ejército neutraliza a 33 cabecillas de estructuras narcoterroristas y decomisa 125 toneladas de cocaína

Una víctima ha pedido públicamente la renuncia de la fiscal general de la nación con el fin de permitir la conformación de una terna y la elección de un nuevo fiscal en la Corte Suprema de Justicia. La solicitante argumenta que este paso facilitaría el avance de las investigaciones y permitiría a muchas personas entregar información sin temor. La persona relata haber sido sometida a torturas psicológicas por parte de la fiscalía, donde se le habría indicado que sus denuncias no tendrían valor probatorio y que ya se había preparado un escenario para desacreditarla. Solicita el cambio con respeto para que se pueda lograr justicia.

El gobierno colombiano ha respondido con dureza a la convocatoria de un paro nacional. Según el mensaje oficial, los organizadores son los mismos responsables de haber dejado el país en situación crítica antes de la actual etapa de reconstrucción. La declaración acusa a estos grupos de buscar desestabilizar la administración mediante el caos y el engaño al pueblo con fines politiqueros. Se enfatiza que no se trata de luchadores por la libertad sino de instigadores de maldad. Ante cualquier intento de incendiar el país, el gobierno afirma que actuará con determinación para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.

Una testigo ha señalado públicamente a la madre de una ministra como parte de una red de proxenetismo que reclutaba mujeres jóvenes. Según su relato, esta persona no solo participaba en el reclutamiento sino que también estaría vinculada a amenazas recibidas por su familia. El testimonio menciona la participación de varias mujeres en la búsqueda de víctimas y apunta a conexiones con figuras de alto nivel político.

El presidente de Colombia expresó una postura firme acerca de la protesta social y los bloqueos que han afectado el país durante años. Señaló que mientras se protegerán los derechos de quienes protesten pacíficamente, se acabará la tolerancia hacia quienes destruyan o hagan terrorismo urbano durante esas manifestaciones. Resaltó que bloqueos prolongados que interrumpen la comida, la medicina y el trabajo no constituyen un derecho sino una irresponsabilidad. Asimismo, afirmó que su gobierno no permitirá más bloqueos permanentes de carreteras ni que vías como TransMilenio se conviertan en escenarios de violencia. Indicó que acciones como agredir personas, lanzar objetos para herir, retener personas o usar menores en protestas serán consideradas delitos y castigadas para evitar que se repitan crisis de orden público. Como parte de las medidas, el presidente anunció que presentará al Congreso un proyecto de estatuto antiterrorista. Esta ley contempla la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes, la suspensión de contratos con el Estado y penas severas contra el uso de drones para atacar a la fuerza pública y a la ciudadanía. El mandatario hizo un llamado a privilegiar el diálogo y garantizar el derecho a la protesta pacífica dentro del marco legal.